Antes de trabajar directamente con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), lo entendía como la mayoría de la gente: una entidad que “aparece” después de una emergencia. Trabajando como Asesor Técnico para la Secretaría de Gobierno de Cali, liderando el proceso de certificación What Works Cities de Bloomberg Philanthropies —que convirtió a Cali en la cuarta ciudad colombiana en obtenerla, por su gestión de datos para la toma de decisiones— y antes como técnico asesor en infraestructura para la Secretaría de Gestión del Riesgo de la ciudad, entendí que el SNGRD no es una entidad: es un sistema, con una arquitectura institucional deliberada que empieza mucho antes del desastre y sigue mucho después.

El SNGRD tiene su base en la Ley 1523 de 2012, que reemplazó el modelo anterior centrado casi exclusivamente en la atención de emergencias (heredado del Decreto-Ley 919 de 1989) por un enfoque de gestión integral del riesgo. Ese cambio de enfoque es más importante de lo que suena: pasar de “responder al desastre” a “gestionar el riesgo” implica que la prevención, el ordenamiento territorial y la reducción de vulnerabilidad son responsabilidades tan centrales del sistema como la respuesta misma. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad coordinadora a nivel nacional, pero la ley distribuye responsabilidades explícitas en departamentos y municipios: no es un sistema centralizado, es un sistema en cascada donde cada nivel territorial tiene obligaciones propias.

Los tres pilares del sistema

La Ley 1523 organiza la gestión del riesgo en tres procesos que se refuerzan entre sí, no en una secuencia lineal de “primero uno, después otro”:

  1. Conocimiento del riesgo: identificar, analizar y monitorear amenazas y vulnerabilidades —desde estudios de microzonificación sísmica hasta monitoreo de movimientos en masa— para tener una base técnica real, no intuitiva, sobre la cual decidir.
  2. Reducción del riesgo: intervenir sobre ese conocimiento antes de que ocurra el evento, mediante ordenamiento territorial, obras de mitigación, y normativa de construcción como el NSR-10, que traduce el conocimiento del riesgo sísmico en requisitos concretos de diseño estructural.
  3. Manejo de desastres: la respuesta operativa cuando el evento ya ocurrió —incluyendo la evaluación EDAN de daños y necesidades— y la recuperación posterior.

Estos tres pilares solo funcionan si están conectados: un municipio puede tener el mejor plan de respuesta del país, pero si nunca invirtió en conocimiento del riesgo, va a responder a ciegas ante un evento que pudo haberse anticipado.

Cómo encaja lo municipal en lo nacional

Uno de los aprendizajes más concretos de trabajar directamente en una secretaría municipal de gestión del riesgo es ver de primera mano cómo la arquitectura de la Ley 1523 se materializa localmente: cada municipio debe tener su propio Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (CMGRD) y su Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, articulado con el plan departamental y, en última instancia, con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo. En Cali, esa articulación se ve reflejada en decisiones muy concretas: qué obras de mitigación priorizar en laderas con antecedentes de remoción en masa, qué corredores viales requieren estudios adicionales antes de una intervención, y cómo se reporta esa información hacia arriba, hacia la UNGRD, de forma que sea comparable con la de otros municipios del país.

La certificación What Works Cities que lideramos para Cali no fue un proyecto de gestión del riesgo en sí, pero compartía la misma lógica de fondo: instituciones que toman decisiones basadas en datos consistentes y comparables, no en intuición aislada, terminan gestionando mejor cualquier tipo de riesgo, sísmico o de otra naturaleza.

Cierre

El SNGRD, visto desde adentro, es menos una entidad de emergencias y más una infraestructura institucional de gestión de información y decisiones bajo incertidumbre —muy parecida, en su lógica de fondo, a cualquier sistema de datos bien diseñado: captura consistente, niveles de agregación claros, y una cadena de responsabilidades que conecta lo que pasa en un barrio de Cali con la política pública nacional. Entender esa arquitectura, más allá del titular de la próxima emergencia, es lo que realmente permite que la preparación ciudadana tenga un sistema institucional detrás que la sostenga.